El Estado de Alarma y los Planes Territoriales de Emergencias.


Por Juan Luis de Castellví @jldecastellvi

Me da la impresión de que hay bastante confusión respecto a lo que implican los diferentes niveles de Planes de Emergencias, así como la declaración del Estado de Alarma, así que tras la sugerencia de la periodista Ana de la Peña, voy a intentar explicarlo del modo más sencillo posible. Efectivamente, ya me estoy justificando porque es una tarea un poco complicada, pero espero que se entienda. Vamos a ir por partes, voy a dividir el asunto en cuatro partes y la conclusión será la quinta. Por supuesto, como se suele decir, todo es mi interpretación, siempre puede venir alguien a disentir, estaré encantado de aprender de los que saben más que yo.

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Primera parte:

Los Planes Territoriales de Emergencias y los Planes Especiales de Emergencias.

¿Qué son los Planes de Emergencias? Son las herramientas legales que nos permiten coordinar los recursos, el personal y las soluciones para las emergencias extraordinarias, de un modo ordenado y sistemático. ¿Qué contemplan estos Planes? Lo que debe hacerse, quién debe hacerlo, cómo hay que hacerlo y los recursos disponibles en ese territorio para ello.

Los Planes Territoriales de Emergencias se dividen en niveles, que son los siguientes;

0- Municipio.

1- Cabildo Insular (Canarias), Consejo Insular (Baleares), Diputación Provincial (España peninsular)

2- Gobierno Autonómico.

3- Gobierno de España (emergencia que afecte al interés nacional).

El nombre siempre es Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de (nombre de la Comunidad), y se conoce, dependiendo de la región, como PLATECA, PLATERCAM o similares.

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Ejemplo del Plan Territorial de Canarias, el PLATECA.

La emergencia normalmente empieza a atenderse en el nivel en el que comienza, que suele ser municipal, y según van siendo necesarios los recursos de la administración siguiente/superior, aumenta el nivel al tener que coordinarse más recursos que dependen de diferentes administraciones. Que haya un recurso de una administración superior que ORDINARIAMENTE trabaja allí no implica pasar a un nivel superior. Por ejemplo, si hay un accidente de tráfico en la autopista, aunque sea al paso del municipio X, irán los bomberos del ayuntamiento, pero las ambulancias que dependen de la Comunidad Autónoma y la Guardia Civil que depende del Estado; eso no hace que se active el Nivel 3, porque se trata de una emergencia ordinaria. Si el mismo accidente ha sido de dos autobuses y 17 coches, a causa de la niebla, probablemente la cantidad de recursos necesarios provocarán pasar a un nivel superior por tratarse de un incidente extraordinario. El responsable del Plan de inferior nivel puede pedir al de nivel superior que asuma la dirección, pero no decidirlo por sí mismo. Es decir, el responsable de la diputación provincial puede pedirle al presidente de su comunidad autónoma pasar a nivel 2, pero no puede declarar directamente el nivel 2, no tiene esa autoridad. Ni una comunidad puede declarar nivel 3, lo declara el Gobierno de España.

Si usamos el ejemplo más habitual de los incendios forestales, generalmente se coordinan en nivel 1, pero si afecta a más de una provincia pasará al nivel 2. En general, pese a que actúan recursos del Estado, como la Unidad Militar de Emergencias y diversos medios del Ministerio de Medioambiente, no se pasa a nivel 3. Es importante entender que el paso a nivel 3 sólo implica el cambio de dirección de la emergencia, no la activación de más o menos recursos, que siempre dependerán de las necesidades específicas de la situación y de los medios disponibles en cada momento. Los Planes son piramidales, se empieza por el de menor entidad territorial y se va subiendo.

¿Cuál es la diferencia entre un Plan Territorial y un Plan Específico?

El Plan Territorial es el Plan Director, o Plan Marco. El Plan general. Los Planes Específicos detallan la lucha contra casos más concretos, son los Planes para Incendios Forestales (generalmente llamados INFOCA), para Accidentes con Mercancías Peligrosas, Actividad Volcánica (PEVOLCA), etc.

Estos Planes son concretos para cada región, por ejemplo en Madrid hay un Plan para accidentes ferroviarios, pero no tiene sentido tener uno para Tsunamis, mientras que en Canarias es exactamente al revés. No tendría lógica tener un Plan para accidentes de tren, pero sí uno para tsunamis.

Segunda parte:

Normativa SEVESO.

Las instalaciones industriales se rigen por la normativa SEVESO, que es específica para industrias del tipo petroquímico, o de mercancías químicas peligrosas en general. En general en los polígonos industriales, refinerías, etc. Tienen Planes de Autoprotección que deben estar integrados en los Planes Territoriales. Esto es MUY denso y no nos afecta para lo que queremos explicar en este artículo.

Tercera parte:

La situación actual.

Esto escapa de los Planes Territoriales (planes de emergencias coloquialmente). No hay un Plan Territorial Contra Pandemias Chungas Que Nos Traen Por La Calle De La Amargura en cada CCAA. Lo que hay es un mecanismo constitucional que regula qué hacer en estos casos y da muchísimas posibilidades. Concretamente los artículos 55 y 116 de la Constitución Española, que crean la posibilidad de declarar los estados de Alarma, Sitio y Excepción.

Y como este asunto es tan serio, se regula por medio de una Ley Orgánica(art. 81 CE), que es el tipo de leyes que se usan para asuntos que tratan de Derechos Fundamentales y similares, y se aprueban por mayoría absoluta en las Cortes Generales. Concretamente, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que en su artículo 4 y ss nos dice: “El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el art. 116, 2, de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: 

  • (…)
  • b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
  • (…)

Es decir, exactamente tenemos un epígrafe para activar en un caso como el del COVID-19.  En el artículo 9 añade que “Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado (que podrá ser una parte o la totalidad del territorio nacional) por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.” y, por fin, el artículo 11 nos explica la potestad que tiene el Gobierno durante el Estado de Alarma:

  • a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
  • b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
  • c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
  • d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
  • e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo 4.º. (Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.)

Todo esto es lo que estamos viviendo estos días, aunque las medidas han sido exactamente detalladas en el RD del estado de alarma y las subsiguientes órdenes que ha ido publicando el Gobierno con medidas más específicas. Lo importante es entender que esta es una medida bien regulada tanto por la Constitución como por una Ley Orgánica, que son las salvaguardas más importantes del ordenamiento jurídico español, y además tienen límites temporales que hacen que el Congreso de los Diputados deban ratificar su continuidad si se extienden más allá de los 15 días, o si se necesita pasar a medidas más restrictivas como son los estados de sitio y excepción.

Por otra parte, las distintas Comunidades Autónomas tiene sus leyes de sanidad, vigentes desde que se fueron transfiriendo las competencias en sanidad desde el gobierno central, pero además tenemos la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, que “con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”, y además “la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá:

  • a) Establecer el suministro centralizado por la Administración.
  • b) Condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo, realización de pruebas analíticas y diagnósticas, cumplimentación de protocolos, envío a la autoridad sanitaria de información sobre el curso de los tratamientos o a otras particularidades semejantes.” Es decir, que el Estado tiene la potestad de tomar decisiones que impliquen someter a los pacientes a internamiento, asilamiento y pruebas diagnósticas en el caso de riesgo para la población.

Finalmente, como el Estado de Alarma se decide por parte del Consejo de Ministros, se publica en un Real Decreto, en el caso actual se trata del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y es la segunda vez en la historia de la democracia española que se activa esta medida.

Cuarta parte:

Otras medidas.

También se han tomado medidas como la suspensión temporal del Tratado de Schengen, que eliminaba las fronteras y permitía la libre circulación de todos los ciudadanos europeos, de modo que desde la noche del pasado lunes, España cerró sus fronteras terrestres, y desde la medianoche del 19 de marzo se prohibirá a entrada de vuelos en las Islas Canarias, y desde el 18 de marzo el desembarco en puertos de todo el territorio de la misma Comunidad Autónoma. En cualquier momento, si se estima necesario, se podrán cerrar los puertos y aeropuertos de otras regiones de España o de todo el territorio nacional. El hecho de que la Unidad Militar de Emergencias ya se haya desplegado por parte del territorio nacional, también es parte lógica de esta situación, dado que hace falta un número extraordinario de personal cualificado, y probablemente pronto veremos a tropas del resto de las Fuerzas Armadas también colaborando en labores de logística, protección y sanidad.

Conclusiones:

De modo que los Planes Territoriales de Emergencias no son lo que aplica aquí actualmente, no tiene sentido pasar a Nivel 3, porque desde la declaración del Estado de Alarma el Gobierno Nacional tiene la dirección total de la gestión de esta emergencia, catástrofe, pandemia o como quiera llamarla cada uno, aunque el término oficial es CRISIS SANITARIA. Con todo, la Comunidad de Madrid publicó una nota diciendo que se pasaba a Nivel 3 (la única vez que había ocurrido esto en España, que yo recuerde, fue durante el 11-M), pero la verdad es que no tiene demasiado sentido aunque quizás sea un intento de seguir el sistema habitual, dado que hasta entonces habían trabajado con el Nivel 2 de sus propios Planes.

Por otra parte, en un sistema autonómico como el nuestro la gestión directa puede presentar algún imprevisto, como el que se dio en Andalucía donde se requisaron miles de mascarillas de una fábrica en Andalucía por parte del Gobierno, y era la producción que estaba destinada al personal del Servicio Andaluz de Salud generando una protesta del gobierno autonómico. Son problemas puntuales, que se solucionan con buena voluntad y los canales de comunicación adecuados entre administraciones.

andalucía

Esta es una situación muy dura para todos los españoles, y los cargos políticos deben hacer un esfuerzo extra para no dejar que las diferencias partidistas interfieran bajo ningún concepto en la gestión técnica de la crisis, dejándose de discusiones públicas que sólo pueden perjudicar la confianza de la población en sus responsables. Nos esperan tiempos duros a todos, debemos dar nuestra confianza a las autoridades, a los profesionales de la sanidad, los servicios de seguridad y emergencias, así como los profesionales que están garantizando la cadena de producción, distribución y venta de productos de primera necesidad, combustible, material sanitario, etc. Gracias a todos, #EsteVirusLoParamosUnidos.

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Fuentes y bibliografía:

INFORMACIÓN SOBRE EL COVID-19 EN LA WEB DEL MINISTERIO DE SANIDAD:

Constitución Española.

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Noticia sobre el Nivel 3 en Madrid: https://www.madridiario.es/franco-asume-direccion-plan-proteccion-civil-comunidad 

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